La Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007 es una de esas Leyes llamadas a tener estabilidad y ser de marcado carácter codificador. Pese a que entró en vigor en mayo de 2008, en poco más de dos años dicha norma se ha reformado en profundidad por distintas y variadas normas con rango de Ley que han alterado en profundidad sus fundamentos con cambios en lo relativo a la modificación de los contratos, el sistema de pagos, la perfección o el control por órganos administrativos independientes mediante un recurso precontractual y un nuevo recurso contractual (cuestión de nulidad). Por ello, en esta monografía se pretende dar cuenta y analizar los cambios efectuados y sus consecuencias prácticas, insistiendo también en la necesidad de una nueva contratación pública que se sustente sobre los paradigmas de simplificación, eficiencia e integridad, a fin de garantizar el derecho a una buena administración.
