Han pasado más de siete años desde que se puso en marcha el Sistema de Dependencia en nuestro país. Fueron muchas las expectativas que se crearon en su momento, no solo porque se hizo de esperar (de los países de su entorno, España fue de los últimos en implantarlo), y porque la demanda social era (y es) alta, sino porque desde el propio Ejecutivo en su momento se presentó como la gran apuesta, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Se era consciente de que implantar un sistema novedoso no sería una tarea fácil, ni económica. Por ello, desde el primer momento, cuando se planificó su implantación se fijó un calendario que abarcaría dos legislaturas. Y desde el punto de vista de la financiación, el Estado asumió que en los primeros años (hasta el año 2015), él asumiría parte de los costes que llegado el momento corresponderían a las CCAA.
