El reto de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, fue el de simultanear la competitividad de las empresas con la seguridad y salud de sus trabajadores. Por otro lado, y tremendamente ligado al mandato legal de la integración de la prevención en el conjunto de las actividades y niveles jerárquicos de la empresa, se dictó el Real Decreto 39/1997, que estableció como punto de partida la evaluación de los riesgos, para planificar a continuación la actividad preventiva que fuera necesaria, a través de alguna de las modalidades de organización, en función del tamaño de la empresa y de los riesgos o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la misma. El logro de estos objetivos (integración de la prevención y mantenimiento de la competitividad de las empresas) ha dado lugar a no pocas controversias en cuanto a la forma de abordarlos, por ello, a lo largo de los años que han transcurrido desde su promulgación, los tribunales han sido los encargados de ir marcando la línea que tanto empresas, como trabajadores, pasando por las instituciones y la propia Administración, deben seguir para logra
