JUAN DIEGO , µLVAREZ / MANUEL , ITURRALDE
El Grupo de Derecho de Inters P£blico (G-DIP) present¢ en el a¤o 2009 una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma del C¢digo Penal con el fin de defender la libertad de expresi¢n. Dicha norma, en la pr ctica, se convert¡a en una mordaza para los periodistas o investigadores que adelantaran indagaciones sobre hechos delictivos respecto de los cuales ya se hubiera pronunciado la justicia penal. Esto porque corr¡an el riesgo de ser demandados por injuria o calumnia por aquellos a quienes se¤alaran como responsables de un delito y que hubieran sido absueltos por un juez penal. A pesar de que el denunciante tuviese pruebas que demostraran la veracidad de sus afirmaciones no pod¡a utilizarlas en su defensa ya que primaba la verdad judicial sobre la verdad f ctica. La Corte Constitucional fall¢ a favor de las pretensiones del G-DIP el 26 de junio del 2009, en la sentencia C-417, al declarar inconstitucional la norma demandada. Esta sentencia es un referente obligado para cualquier persona interesada en la libertad de expresi¢n y, particularmente, para entender el alcance y las obligaciones del Estad
