La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha supuesto, sin lugar a dudas, la mayor reforma habida en el proceso civil desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2001. Ley comprometida desde hace quince años, hasta ahora no había visto la luz; modificación legislativa largamente esperada, entre otras razones, como instrumento para desatascar el retraso acumulado en los juzgados del orden civil en aquellas cuestiones que, por carecer de controversia entre las partes, no requieren en principio de la intervención directa del juez para su resolución.
Fruto de esa intención, la Ley de Jurisdicción Voluntaria crea un procedimiento hasta ahora inexistente, absolutamente novedoso, mediante el cual el justiciable puede acudir, para solventar determinados conflictos, a cauces distintos de los Tribunales de justicia y, en concreto, la norma establece la intervención de Notarios y Registradores en expedientes relativos a procesos matrimoniales, sucesiones, subastas extrajudiciales o supuestos referentes a inscripciones registrales de fincas.
Por ello mismo, estos profesionales se ven, hoy, en la necesidad de contar con formularios que les auxilien en el desempeño de estas nuevas tareas, hasta ahora totalmente ajenas a la actividad habitual de notarías y Registros de la Propiedad y Mercantiles.
