El proceso monitorio es, sin duda, el proceso civil más frecuentemente utilizado en la práctica, pues, a su extenso ámbito de aplicación (a saber: la reclamación judicial de derechos de crédito impagados, con un límite cuantitativo recientemente ampliado y que se hallen de algún modo documentados) une, sobre todo, una estructura procedimental que sitúa al deudor en la postura de tener que pagar la deuda u oponerse formalmente a ella, ya que, de mantenerse inactivo frente al requerimiento judicial de pago subsiguiente a la admisión de la petición monitoria, se dictará en su contra un auto despachando la ejecución forzosa.
En la presente edición se incluye la reforma del proceso monitorio, y con el objetivo de garantizar al consumidor una protección efectiva de sus intereses, el juez, previa dación de cuenta del secretario judicial, verificará la existencia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o usuarios. Podrá, por este motivo, declarar de oficio el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. En ese caso, esta cláusula no podrá ser invocada en ningún otro juicio posterior.
Con la introducción de esta actuación judicial, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho comunitario en materia de protección de los consumidores, al no permitir que el juez que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato.
