El deber de prevenir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos ha tenido un desarrollo progresivo y ha incidido en algunos derechos y principios reconocidos en la Constitución. En la experiencia latinoamericana, el enjuiciamiento de estos hechos encuentra dos obstáculos comunes: la amnistía y la prescripción, cuya aplicación ha sido limitada en la medida que las transiciones a la democracia se van consolidando. Dicho esto, por otra parte subsisten problemas como la delimitación de su vigencia y obligatoriedad, y criterios pendulares en relación a la reparación y a la pena.
