La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como 'Derecho penal del riesgo' conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición del riesgo jurídicamente desaprobado, de estructuras propias de la gestión del riesgo. Así, más allá del control técnico centralizado en manos de la Administración Pública, desde hace tiempo viene ganando terreno el modelo de la descentralización del control de los riesgos.
Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ha ido asentándose la idea de que la no implementación de un programa de cumplimiento, su mala gestión o la infracción de sus disposiciones puede fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de ciertas personas físicas que desarrollan su actividad en la empresa. La presente obra se ocupa de analizar esta novedosa problemática desde múltiples perspectivas.
